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domingo, 2 de agosto de 2009

ABOGADA ÑATISTA "TRUCHA" EN EL MINISTERIO BOLCHE


Confianza ciega
La ministra Arismendi no investigó a una funcionaria de confianza que se decía abogada sin haberse recibido.
César Bianchi
La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, decidió no investigar - a pesar de estar enterada del asunto- el caso de una funcionaria en un cargo de confianza en su cartera, que se hacía pasar por abogada aunque no está recibida. La propia ministra reconoció conocer la situación en entrevista con Qué Pasa.
Stella Maris Chury (48), funcionaria judicial que en pase en comisión es la coordinadora territorial del Mides para Costa de Oro y Ciudad de la Costa, repartía tarjetas personales en las que se decía "Dra.", estampó en documentos del ministerio su sello personal acreditándose esa profesión y siempre se hizo llamar abogada ante sus compañeros de trabajo en el ministerio. Ante cualquier duda, Chury argumentaba que nunca había ido a buscar el título a la Universidad de la República.
Consultada por este suplemento, la funcionaria reconoció que no había terminado la carrera. La decana de la Facultad de Derecho, Dora Bagdsarian confirmó que Chury no es recibida como abogada, y debe exámenes.
En marzo comenzó a circular un correo electrónico denunciando un caso de "corrupción": "Chury (...) ocupa un cargo político de confianza en este gobierno, ostentando el título de doctora en leyes, que no posee, ya que nunca completó sus estudios universitarios", decía el e-mail. A Arismendi le llegó el correo a su casilla, pero le restó importancia. Ese mismo mes funcionarios del Mides le plantearon el caso personalmente y prometió ocuparse.
"No tiene por qué tener título ni de abogada ni de nada. Ella viene del Poder Judicial como administrativa, no como técnica, como pase en comisión", dijo la ministra a Qué Pasa. "En todo organismo y en todo grupo humano hay rumores. Como en los ascensores, hay chismes pares e impares según los pisos; son rumores, y yo escucho todo".
-¿No le pareció pertinente iniciar una investigación?
-No tenía nada en concreto para investigar. Una investigación urgente comienza con algo simple: lo primero que se hace es llamar a la persona y consultarla.
-...cosa que usted no hizo.
-No lo hice. Hubo rumores y ese mail anónimo.
-¿Ese correo no la hizo desconfiar? ¿No pensó en llamar a Chury para escuchar su versión?
-¡Si usted supiera los mails anónimos que llegan todos los días! Insisto: ella ha trabajado como coordinadora y ahora volverá al Poder Judicial. En casos delicados como éste, donde hay personas de por medio, los anónimos no me impulsan a investigar a las personas, porque puedo dañar. ¡Si yo llamara a cada uno de los funcionarios del Mides por cada cosa que me llega! No puedo estar tampoco lastimando a la gente… Ahora, por primera vez hay algo concreto. No le doy crédito a los anónimos, que nos recuerda una época muy dura.
-¿Usted entiende que no hay una irregularidad?
-Desde el punto de vista de su trabajo, no hay una irregularidad. Si se constata que es verdad que ella dijo ser abogada y no lo es, se iniciará una investigación.
La investigación se iniciará ahora porque Arismendi se enteró por este medio que la propia funcionaria de confianza admitió haber mentido cuando dijo ser abogada.
CONFESIÓN. En la primera llamada telefónica a su celular, al pedir con "la doctora Chury", preguntó quién la buscaba y pidió que se la volviera a llamar más tarde. En la segunda oportunidad, Chury -militante de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L), una escisión del MPP que responde al senador Eleuterio Fernández Huidobro- admitió haber mentido y responsabilizó de esto a una ex pareja. "Dije eso por presión de mi ex compañero. Tenía una relación complicada y recién pude salir en febrero, cuando fui a terapia. Me siento avergonzada. Él me presionaba con que yo no me recibiría nunca, porque era una inútil", dijo.
Curiosamente, según una fuente del Mides, cuando las sospechas salieron a luz, Chury dijo en el Mides que se trataba de una campaña de enchastre, precisamente iniciada por su ex concubino, quien "le había quemado el título": aquel que supuestamente nunca había ido a buscar a la Universidad.
Según Chury, su ex pareja le mandó a hacer las tarjetas personales y el sello que acompaña su firma en algunos documentos oficiales. El hostigamiento se debía a una cuestión de "estatus" e "imagen". "A él le servía decir que yo era abogada, pero es cierto que yo no lo detuve. No me quito responsabilidad", agregó.
La funcionaria pública -que coordina políticas sociales en Canelones- admitió haber firmado como abogada "las notificaciones de gente que no cobraba el Plan de Emergencia".
"Buscaba escalar políticamente diciendo que era abogada. Y había pedido quedarse en el Mides, porque en la Justicia gana unos 9.000 pesos, y acá unos 25.000", especuló una fuente.
Cuando el correo comenzó a circular hace cuatro meses, la jefa inmediata de Chury, la directora nacional de Coordinación Territorial, Leonor Soria, sí la llamó para saber si lo que se decía era cierto. Chury le ratificó que era abogada. "No estaba en condiciones de reconocerlo, en ese momento. Estaba mal y enseguida busqué hacer terapia para poder superarlo y blanquear", dijo. Soria, en tanto, no devolvió las reiteradas llamadas de esta redacción a su despacho.
Arismendi dijo que nunca recibió una denuncia escrita ni verbal de algún funcionario del Mides molesto con la situación.
Sin embargo, fuentes de Qué Pasa afirman lo contrario: hubo empleados que le hicieron saber su irritación personalmente a la secretaria de Estado. Arismendi -dijeron los informantes- les prometió en marzo que investigarían la situación y les pidió "calma, en un año de mucho trabajo para todos".
Hace tres días, cuando Arismendi supo que Chury confesó el engaño, se sorprendió: "¿Ah sí? Bueno... hay un problema ético, ¿no?".
En caso de usurpación de título
El artículo 167 del Código Penal, que castiga el delito de "usurpación de título", dice: "El que se abrogare títulos académicos o ejerciere profesiones para cuyo desempeño se requiere una habilitación especial, será castigado, con 20 Unidades Reajustables (8.393 pesos) a 900 UR de multa (377.000)". Lo que por supuesto puede concurrir también con otros delitos más graves. Según Chury y Arismendi, no se configura delito porque nunca ejerció como abogada. Otros entienden que su condición de funcionaria pública la compromete.
PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO "¿QUÉ PASA?" DE "EL PAÍS".

¡FUERA EL COMUNISMO VENDEPATRIA DEL GOBIERNO Y LOS SINDICATOS URUGUAYOS!

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